Las empresas que usó Anaya para lavar dinero

Son por lo menos menos una docena empresas fantasma por las que viajaron por cinco países el dinero utilizado en la “Operación Manhattan” para intentar perder el rastro del dinero con la que el candidato presidencial Ricardo Anaya se ha metido en problemas al beneficiarse con más de 54 millones de pesos. Algo que es sabido se llama lavado de dinero.

Es oficial que la Procuraduría General de la República (PGR) está investigando la compra-venta de una nave industrial en Querétaro en la que se armó todo un plan, mapeo y logística para tratar de ocultar el origen y destino de más de 139 millones de pesos, de los cuales, casi 55 millones terminaron siendo parte de la Operación Manhattan beneficiando a Donino Ángel Martínez Díez, suegro de Ricardo Anaya, el que se apoderó del PAN y terminó aliándose con sus enemigos políticos: el PRD.

El dinero recorrió miles de kilómetros entre México, República Dominicana, Suiza, España, Canadá y Gibraltar a través de 12 compañías con movimientos notariados con el prestanombres Manuel Barreiro para dar veracidad a las operaciones.

La investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), confirman que documentos de notarías de Jalisco, declaraciones fiscales y testimonios de operadores, han señalado directamente al candidato a la Presidencia de la República del PAN-PRD-MC.
El Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias, cateos, solicitud de alertas migratorias y tomado declaración a varios de los personajes que han sido señalados en el caso.

La compra-venta de naves industriales por parte de la empresa Juniserra S. de R.L. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplan Development S. de R.L. de C.V. por medio de la firma de servicios financieros Tesorem S.A. de C.V., le dejaron al suegro de Ricardo Anaya una ganancia superior a los 54 millones de pesos.

La investigación tuvo un salto sorpresivo el mes de enero, cuando el abogado fiscalista Joaquín Xamán McGregor acudió a la PGR diciendo que sus clientes, Alberto “N” y Daniel “N”, cuyas identidades están protegidas por la ley, querían aportar información en el caso que involucraba a Anaya.

Los dueños de Tesorem se presentaron a la PGR a declarar ante el Ministerio Público Federal, y negoció que pudieran videograbar.
Alberto y Daniel dijeron que los contrató Barreiro Castañeda y que entre 2016 y enero de 2018 realizaron operaciones financieras en paraísos fiscales, para hacerle llegar 54 millones de pesos a Anaya.
Expresaron que analizaron llevar el dinero a Uruguay, pero terminaron desechando ese mecanismo y optaron por Gibraltar, que fue el primer paraíso fiscal que utilizaron. Después usaron instituciones en Canadá, Suiza y Turcas y Caicos.

La PGR al agudizar la investigación, cateó las propiedades de Barreiro Castañeda y el empresario se esfumó.
Ante ese hecho, la procuraduría pidió una ficha roja a Interpol para su localización y detención con fines de extradición.

La empresa Juniserra fue la catapulta que lanzó el dinero para la triangulación y pérdida de rastro y por mucho que hoy el candidato diga que él no tiene mando directo en esa empresa, en su declaración 3de3 Anaya reportó ser accionista de dos de las 17 empresas: Cintla, con 50%, y Juniserra, con 42%, como lo publicó El Universal en noviembre de 2016 y retomado en otro artículo de agosto de 2017.

El candidato, una vez descubiertas las rutas por las que viajó el dinero, fue cuestionado y sabía que estaba metido en un gran problema, pues esto puede derivar en otras diferentes investigaciones que hoy no conocemos y que pudiéramos conocer en caso de que el otrora presidente del PAN estuviera involucrado en más negocios turbios.
De esta manera ha caído en falsedades o imprecisiones al ser encarado por los medios. Una de esas fue cuando Carlos Loret de Mola le preguntó si conocía a Barreiro y contestó que sí sabía quien era, pero negó amistad o que fuera alguien cercano, sino que es alguien conocido en Querétaro y en algunas ocasiones había coincidido con él, sin embargo, el periódico El Universal hace público que las esposas de ambos personajes, Carolina Martínez Franco y Ana Paula Ugalde Herrera, son amigas desde hace años y que Barreiro fue compañero de Anaya en la secundaria y preparatoria en el Instituto Queretano San Javier, además que el concuño de Ricardo, Jose Luis Sáinz, estudió con ellos y mantienen amistad, pues en sus redes sociales aparecen juntos en fotografías tomadas en reuniones.
¿Por qué Ricardo Anaya negó la amistad o conocer de cerca a Barreiro?

Y los casos de enriquecimiento a costa de prácticas poco éticas, legales o que presenten conflicto de interés no paran ahí, pues ahora también ha salido a la luz que el Instituto Electoral de Querétaro le paga renta al suegro de Ricardo Anaya por 167 mil 544 pesos mensuales.
Según una investigación realizada por República 32, el candidato presidencial es copropietario del terreno donde se asienta el Instituto y que Donino Ángel Martínez Diez (el suegro), Justo Antonio Vázquez Bermúdez (empresario) y la compañía Construcción Administración Asesoría S.A. de C.V. son beneficiadas en esto.
¿es ético que un presidente de partido o candidato presidencial de un partido tenga interés y beneficio directo sobre el instituto que califica las elecciones?